Madrid, Spain
November 10, 2008
Source:
Fundación Antama
Mientras los ministros de Medio
Ambiente de la Unión Europea continúan en desacuerdo sobre la
capacidad de los Estados miembros para establecer zonas libres
de organismos modificados genéticamente (OMGs), la Comisión
Europea ha decidido introducir cambios prácticos en los proceso
de aprobación de dichas variedades tras las críticas vertidas
tanto sobre el procedimiento como sobre el papel de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Ante este desacuerdo entre los estados miembros, países como
Francia han invocado la cláusula de salvaguardia que les permite
suspender la comercialización y plantación de cultivos
transgénicos. Sin embargo, el Ejecutivo europeo nunca ha
formalizado dichas solicitudes y en todos los casos ha ordenado
levantar estas prohibiciones nacionales. En este contexto, el
presidente europeo francés ha creado un grupo de trabajo que ha
elaborado una serie de propuestas para solucionar estos
problemas.
Tras varias discusiones informales a principios de este verano,
los ministros europeos de Medio Ambiente abrieron el debate
sobre los procedimientos actuales de autorización de los OMGs en
una reunión del Consejo el pasado 20 de octubre.
Pese al deseo por parte de los estados miembros de consenso, el
desacuerdo surgió en cuestiones de protección y establecimiento
de territorios libres de OMGs. En esta línea, algunas
delegaciones destacaron que el marco legislativo actual permite
el desarrollo de tales medidas siempre que existan pruebas
científicas de riesgo. Por el contrario, pese a que la ley así
lo detalla, en ninguno de los casos surgidos en los últimos años
se han podido presentar tales pruebas y la prohibición ha tenido
que ser levantada.
Según la Presidencia francesa, los ministros convinieron en la
necesidad de mejorar a largo plazo la evaluación de riesgos
medioambientales. Además, varias delegaciones pidieron la
revisión de los principios rectores de la EFSA para que, siempre
que actúen, tengan en cuenta los últimos resultados de
investigación científica.
También se abordó la propuesta de incluir aspectos
socioeconómicos en los procesos de autorización, algo
“importante” pero “complejo” según los estados miembros que
nunca sustituiría la evaluación científica como criterio de
autorización. |
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