Madrid, Spain
April 10, 2008
Source:
Fundación Antama
La adopción del proyecto de ley sobre los transgénicos por la
Asamblea Nacional francesa generó una fuerte crisis interna en
el interior del Gobierno y entre la mayoría de derechas. El
proyecto de ley, que ya había sido aprobado también en primera
lectura por el Senado el pasado 8 de febrero, recibió el voto a
favor de 249 diputados, mientras que 228 se pronunciaron en
contra y un centenar se abstuvieron o no participaron en la
votación solemne que había solicitado la oposición de
izquierdas, según informa EfeAgro.
Ese voto tan ajustado significa que una parte significativa de
los diputados del partido del Gobierno, la UMP, no lo han
apoyado. El texto debe servir para trasponer al derecho francés
la directiva europea de 2001 sobre los organismos genéticamente
modificados (OGM) y establece las condiciones de convivencia de
los cultivos transgénicos con los que no lo son.
El proyecto de ley prevé que se publique un registro nacional
que precise la naturaleza y localización de las parcelas de
cultivos transgénicos.También estipula que todo agricultor que
cultive OGM será responsable del "perjuicio económico" causado
por la eventual presencia de transgénicos en la producción de
otro agricultor, y deberá suscribir para ello un seguro que
cubra su responsabilidad.
Igualmente contempla la creación de una Alta Autoridad,
integrada por un comité científico y de otro económico, ético y
social, que asesorará al Gobierno en todos los temas
relacionados con los transgénicos.
La cuestión de los transgénicos suscita desde hace una decena de
años una larga polémica en Francia, que por decisión de su
presidente, Nicolas Sarkozy, suspendió el pasado mes de enero la
de cultivar en campo abierto y con fines comerciales la única
planta OGM autorizada, un maíz del grupo Monsanto.
El argumento para recurrir a la cláusula de salvaguarda que
contempla la normativa europea es la incertidumbre sobre las
consecuencias medioambientales de ese cultivo, y en concreto
sobre los riesgos de diseminación del maíz transgénico a otros
campos de maíz convencional.
Antes de la votación, el Ejecutivo fue el centro de una crisis
aguda que tuvo su origen en unas declaraciones de la secretaria
de Estado de Ecología, Nathalie Kosciusko-Morizet, contra el
ministro de Ecología, Jean-Louis Borloo, del que depende, pero
también contra el jefe del grupo parlamentario de su partido
UMP, Jean-François Copé, y contra otros dirigentes.
Kosciusko-Morizet dijo estar "harta de enfrentarse a un ejército
de cobardes", después de que varios miembros del grupo
parlamentario de la UMP le hubieran recriminado la adopción de
varias enmiendas propuestas por la oposición de izquierdas a las
que había dado su consentimiento implícito.
La secretaria de Estado denunció que "hay un concurso de
cobardía y de falta de elegancia entre Jean-François Copé, que
trata de desviar la atención para ocultar sus propias
dificultades dentro del grupo parlamentario, y de Jean-Louis
Borloo, que se contenta con hacer el mínimo".
El primer ministro, François Fillon, le exigió que presentara
excusas públicamente por esas palabras, y le advirtió de que
sacaría "todas las consecuencias" en caso de que no lo hiciera.
Pocos minutos después, la interesada emitió un comunicado en que
pedía perdón a Borloo y Copé, afirmaba que sus declaraciones
habían sido "deformadas" y señalaba que entendía que hubieran
podido herir.
Pese a todo, Kosciusko-Morizet no fue autorizada por Fillon a
estar presente esta tarde en la sesión de control al Gobierno en
la Asamblea Nacional, ni durante el voto del proyecto de ley
sobre los OGM y no irá con el primer ministro al viaje oficial
que éste hace a Japón la semana próxima, como estaba
inicialmente previsto. |
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